Por Luz Citlali Mtz

Monterrey, N. L. (04/11/24).- Con el voto unánime de las 24 diputadas y los 18 diputados del Congreso de Nuevo León, hoy se ha aprobado una reforma constitucional que busca impulsar el bienestar social y la equidad en el estado. La diputada Lupita Rodríguez Martínez, del Partido del Trabajo, se pronunció desde la tribuna destacando el alcance histórico de la decisión: “Hoy se materializa la justicia social que durante años no tenían los que menos tienen”.

La reforma, que afecta los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de México, forma parte del proyecto conocido como el “segundo piso” de la Cuarta Transformación, que apunta a reforzar los derechos sociales. Rodríguez Martínez destacó que esta enmienda «enaltece los programas de apoyo social impulsados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy se consolidan bajo la dirección de nuestra Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo”.

Entre los beneficios aprobados, la legisladora del Partido del Trabajo detalló:

Derecho a una vivienda adecuada: Se garantiza el acceso a una vivienda digna como parte de la Constitución, reforzando así el compromiso del Estado en asegurar condiciones mínimas de vida para todos.

Pensión no contributiva: La Federación y los estados estarán obligados a otorgar pensiones a personas con discapacidad permanente menores de 65 años y a adultos mayores de 65 años.

Rehabilitación para personas con discapacidad: Se establece la obligación estatal de habilitar y rehabilitar a personas con discapacidad permanente, dando prioridad a los menores de 18 años.

Apoyo a trabajadores rurales y campesinos: La Federación proporcionará un jornal a aquellos campesinos que cultiven tierras con árboles frutales, maderables y plantas procesadas.

Fomento a la pesca y agricultura de pequeña escala: Los productores y pescadores de pequeña escala recibirán un apoyo directo anual, junto con precios de garantía para productos como el maíz, frijol, leche, arroz y trigo.

La reforma se inscribe en una línea de políticas que busca ampliar los derechos y proteger el bienestar de los sectores históricamente vulnerados, consolidando avances importantes en materia de justicia social y desarrollo rural.

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