Por Luz Citllali Mtz
Con el objetivo de frenar el creciente uso delictivo de vehículos arrendados por parte de grupos criminales, el diputado José Luis Garza Garza, del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano, junto con Fernando Esteban Noriega Treviño y Liliana Anaya Tapia, Presidente y Directora General, de la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos (AMAVe), así como representantes de las empresas ALAMO, AVIS, HERTZ, Idealease, MEX Rent a Car, National y Enterprise Rent-A-Car; presentaron una iniciativa para que esta conducta sea tipificada como delito equiparado al robo en el Código Penal del Estado de Nuevo León.
Actualmente, explicó el legislador, los delitos cometidos mediante el arrendamiento fraudulento de vehículos son tipificados únicamente como abuso de confianza, lo cual limita la capacidad de acción de las autoridades y deja desprotegidas tanto a las empresas arrendadoras como a las personas afectadas.
“Hoy por hoy, si alguien arrienda un vehículo y lo usa para delinquir, venderlo, desmantelarlo o simplemente no lo devuelve, no puede ser procesado como robo. Eso impide que la Fiscalía actúe, que los seguros procedan, y que los vehículos sean recuperados a tiempo”, señaló Garza Garza desde tribuna.
La iniciativa propone sancionar con penas de entre cinco y siete años de prisión a quien, habiendo celebrado un contrato de arrendamiento, desvíe el uso legítimo del vehículo y lo utilice con fines delictivos. También se contemplan agravantes si se usaron documentos falsos o si el responsable tiene vínculos con la empresa arrendadora.
“Queremos que este tipo de fraude deje de considerarse una falta menor. Lo que sucede realmente es un robo: los vehículos son clonados, vendidos con papeles falsos, usados en delitos graves, o desmantelados. Todo esto tiene un impacto directo en la seguridad pública y en la economía de Nuevo León”, sostuvo el legislador.
De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos (AMAVe), tan solo en 2024 se reportaron más de 200 casos en Nuevo León relacionados con este modus operandi, que dejaron pérdidas superiores a los 40 millones de pesos.
“Esto afecta no solo a las empresas, sino también a ciudadanos que son estafados con vehículos que no son de su propiedad. Les roban su dinero a cambio de papeles falsos”, añadió Garza Garza.
El diputado destacó que estados como Sonora, Jalisco, Quintana Roo y Baja California Sur ya han reformado su legislación penal en esta materia, logrando reducir hasta en 91% la incidencia de este tipo de delitos. Subrayó que Nuevo León, al ser el tercer estado con mayor arrendamiento vehicular por su dinamismo económico y turístico, debe tomar medidas inmediatas.
“Si no actuamos, este tipo de fraudes seguirá creciendo y afectando a la inversión nacional e internacional. Las empresas, al tener que cubrir pérdidas, encarecen las tarifas de renta y eso termina impactando directamente al consumidor final”, concluyó.
La propuesta de reforma fue presentada ante el Pleno del Congreso del Estado y se encuentra en análisis de comisiones para su dictaminación.