Sin previo aviso, miles de usuarios —incluyendo estudiantes, obreros y familias enteras— se vieron sorprendidos por un incremento que, lejos de estar acompañado de mejoras palpables en el servicio, es un golpe directo al bolsillo de los más vulnerables antes de que llegue el espíritu navideño.

El pretexto del “servicio exprés” se diluye en las quejas constantes: camiones que tardan en pasar, rutas saturadas y un sistema de transporte que, a pesar de las promesas, sigue dejando mucho que desear. Usuarios consultados en las paradas de Parabuses del centro de Monterrey expresaron su indignación. “¿exprés? Si se tardan mucho en pasar y en llegar porque o se descomponen los camiones o hay tráfico”, lamentó una ama de casa que trabaja en el centro de la ciudad.

La falta de transparencia también fue criticada, ya que en muchos casos los camiones no exhiben las tarifas actualizadas, violando las regulaciones. Incluso, varios usuarios desconocían el aumento hasta que intentan pagar con saldo insuficiente en sus aplicaciones de transporte.

El silencio del gobierno en turno

El gobernador Samuel García, bajo cuya administración se promovió este alza, ha optado por un discurso que promete eficiencia y mejora en la movilidad. Sin embargo, los hechos pintan un panorama muy distinto. La bancada de Movimiento Ciudadano, por su parte, intenta justificar lo injustificable, hablando de “homologación” y de la importancia de asegurar un servicio de calidad.

Miguel Ángel Flores, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, aseguró que el objetivo es beneficiar a los usuarios. “Estamos a favor de la homologación, siempre y cuando esto no le afecte a la ciudadanía”, declaró. Sin embargo, la realidad es que el golpe ya ha sido asestado a las familias trabajadoras.

Una demanda histórica desatendida

La diputada Rocío Montalvo, también de Movimiento Ciudadano, ha intentado desviar la atención al recordar que rutas privadas, como la 611 y la 400, ya cobraban 15 pesos desde hace años. Pero este tipo de comparaciones no exime al gobierno actual de su responsabilidad.

Montalvo propuso la creación de un fondo especial en el presupuesto 2025 para subsidiar tarifas y mejorar la infraestructura, una medida que llega tarde y que, en el mejor de los casos, solo aliviaría parcialmente el problema.

¿Dónde queda la dignidad de los usuarios del transporte público?

La Constitución de Nuevo León consagra el derecho a la movilidad como un derecho fundamental. Sin embargo, para millones de usuarios, este derecho sigue siendo una promesa vacía. Con cada aumento tarifario, se profundiza la brecha entre los discursos oficiales y la realidad cotidiana.

El alza en las “rutas verdes” no es solo una cuestión económica; es un síntoma de un sistema político que ha perdido de vista a quienes más lo necesitan. Los políticos, en su afán por proyectar modernidad, parecen haber olvidado que la dignidad en el transporte no se mide en pesos, sino en la calidad de vida de sus ciudadanos.