Salome Martínez

Gobierno de Movimiento Ciudadano enfrenta escepticismo sobre plan de movilidad para el 2030

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Por Luz Citlali M
El Secretario de Movilidad y Planeación Urbana de Nuevo León, Hernán Villarreal Rodríguez, afirmó durante la Glosa del Tercer Informe de Gobierno que el Estado planea «enfrentar el gran reto de mover a diez millones de personas en 2030.» Sin embargo, esta declaración parece chocar con la realidad actual y con las dudas que expresaron los diputados en el Congreso, quienes cuestionan la viabilidad y efectividad de los proyectos de movilidad del gobierno de Movimiento Ciudadano.
Durante la sesión, la coordinadora del Partido del Trabajo, la diputada Lupita Rodríguez Martínez, desafió la perspectiva optimista de Villarreal al preguntar si realmente el gobierno estatal podrá asegurar el derecho a la movilidad para una población proyectada a crecer de nueve a diez millones en menos de una década. Recordó que, en la actualidad, el sistema de transporte de Nuevo León enfrenta constantes problemas de cobertura, costos elevados y accesibilidad limitada, lo que cuestiona la capacidad de la administración para atender demandas que ya superan sus capacidades.
Villarreal intentó respaldar su postura al indicar que la estrategia principal consiste en expandir las líneas del Metro, aumentar la flota de autobuses y desarrollar viviendas alrededor de las estaciones, para acercar a la población a los centros de movilidad.
No obstante, el secretario pasó por alto la cuestión de fondo: el estado actual del transporte en Nuevo León ya es alarmante, y la experiencia ha mostrado que las políticas pasadas —incluso con el transporte bajo el control de las centrales obreras— no fueron capaces de ofrecer un servicio digno ni eficiente para la mayoría de la población.
La crítica de la diputada Rodríguez pone en evidencia una carencia estructural de planeación en la estrategia de movilidad del Gobierno de Movimiento Ciudadano. Como señaló, el derecho a la movilidad, garantizado en el Artículo 49 de la nueva Constitución estatal, exige un transporte “digno, de calidad, eficiente, accesible, inclusivo y con altos niveles de cobertura territorial.” Sin embargo, a día de hoy, los ciudadanos de Nuevo León siguen a merced de un sistema con deficiencias históricas, enfrentando largos tiempos de espera, precios poco asequibles y una red que no cubre adecuadamente ni el área metropolitana ni las zonas de expansión habitacional.
La realidad es que las promesas de mejora en el transporte urbano parecen distantes y, hasta ahora, insuficientes para cumplir con las expectativas de una población que demanda, cada vez con más fuerza, soluciones reales.

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