Nuevo León, un estado marcado por la discriminación hacia las personas de los pueblos originarios, se convierte en el escenario de exigencias y reclamos por parte de diversas asociaciones e instituciones que demandan una participación real y efectiva de estas comunidades en la política.

La mesa de diálogo virtual «Representación Política Indígena», enmarcada dentro de la Consulta Indígena auspiciada por la Comisión Estatal Electoral (CEE), el INE y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se erige como un espacio importante para abordar estas demandas y buscar soluciones concretas.

El llamado de Elvira Maya, representante de Zihuakali Casa de las Mujeres Indígenas en Nuevo León, resuena con fuerza al enfatizar la necesidad de implementar medidas que garanticen la participación política de los pueblos indígenas, asegurando además la equidad de género en este ámbito.

Liberio Porfirio Hernández, del Consejo Indígena de Nuevo León, insta a definir un esquema que propicie una representación política genuina de estas comunidades en el Congreso local, evitando ser meros espectadores en el juego político.

A pesar de los esfuerzos anunciados por parte del consejero de la CEE, Alfonso Ruiz Elizondo, para implementar medidas afirmativas indígenas, la realidad nos confronta con la falta de avances tangibles en este terreno. Las palabras de Galileo Hernández, de Procuración de Justicia Étnica, y moderador de la mesa de diálogo, nos recuerdan que aún queda un largo camino por recorrer en el reconocimiento de los derechos indígenas en Nuevo León.

El contexto de discriminación y exclusión que viven las comunidades en el estado adquiere una dimensión preocupante cuando nos enfrentamos a cifras alarmantes. Según el Censo de Población y Vivienda del INEGI del 2020, en Nuevo León residen más de 77 mil personas que hablan alguna lengua indígena, aunque otros datos sugieren que la cifra podría superar los 700 mil habitantes. Entre las etnias representadas se encuentran los nahuatl, tének, mixteca y otomí, distribuidos en diversos municipios del estado.

La historia de los pueblos originarios en Nuevo León nos remonta a tiempos ancestrales, donde estos grupos vivían en armonía con la naturaleza y sus tradiciones. Sin embargo, los procesos colonizadores y la discriminación sistémica han dejado cicatrices profundas en estas comunidades, que continúan luchando por el reconocimiento de sus derechos y su participación activa en la vida política y social del estado.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza a las comunidades indígenas el derecho a la libre determinación y autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. Sin embargo, la realidad nos muestra que estas promesas constitucionales distan mucho de ser una realidad para muchos de los nacidos en Nuevo León y en todo México.

En este contexto, es fundamental que la sociedad en su conjunto y las autoridades gubernamentales tomen acciones concretas para combatir el racismo, la discriminación y la exclusión que enfrentan los pueblos indígenas en nuestro país. Es hora de reconocer y valorar la riqueza cultural y la diversidad de estas comunidades, y de garantizarles un espacio legítimo y justo en el círculo político, social y rural de Nuevo León.