Ya que no debió catalogarse como información reservada por parte de la Dirección de Control y Auditoría del Sector Central, dependiente de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado, los datos que eran necesarios para poder continuar con un fincamiento de responsabilidades en el tema del Cobijagate, el Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León, aprobó por unanimidad el revocar el acuerdo de reserva de información que esta dependencia estatal emitió sobre el expediente CTG-CASC-1619 que se comprobó era clave para acreditar los actos violatorios en los que incurrieron diversos servidores públicos.
Así lo señaló el comisionado presidente de la Ctainl, Sergio Mares Morán, durante la vigésima Sesión Ordinaria del Pleno realizada este viernes, en donde estuvo presente también la diputada local del PRI, Gloria Treviño, quien en semanas anteriores presentó una denuncia por este hecho junto con el diputado Eugenio Montiel Amoroso.
Indicó Mares Morán, que según lo que establece el artículo 67 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado y municipios, acerca de cuando por motivo de las funciones que realiza la Contraloría, resultare alguna responsabilidad de servidores públicos se informara de esto al superior jerárquico de los señalados para que se inicie un procedimiento de responsabilidad y en su momento se proceda a la sanción correspondiente, situación que no se realizó al emitirse este acuerdo de reserva por la Dirección de Control y Auditoría, donde su titular es Jorge Salvador González Garza.
“Resulta inaceptable que la Dirección de Control y Auditoría del Sector Central de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado, mediante el acuerdo de reserva en estudio, pretenda hacer extensiva la clasificación de reserva con la finalidad de mantener en secrecía el expediente administrativo número CTG-CASC-1619, que es el proceso deliberativo, sin embargo, dicha acepción resulta improcedente pues las facultades de la citada Dirección no tienen los alcances para dictar un acuerdo de reserva aplicables a los procedimiento de responsabilidad administrativa”, manifestó Sergio Mares.
Por lo anterior, además de revocar la clasificación, el comisionado presidente propuso imponer la sanción de 800 cuotas a Jorge Salvador González Garza, en su calidad de director de Control y Auditoría del Sector Central en la Contraloría y Transparencia Gubernamental, que se traduce en 58 mil 432 pesos, por emitir la reserva sin tener facultades y la misma cantidad de sanción a la contralora estatal, Nora Elia Cantú Suárez, por responder fuera de tiempo a la contestación en el proceso.
La diputada Gloria Treviño, se mostró satisfecha por la resolución de la Ctainl en este caso, y afirmó que estarán realizando lo conducente para continuar con el análisis de la cuenta pública estatal del 2015.
