Por Luz Citlali M
Inicia Juez investigación contra Rodolfo Gómez Acosta por peculado, ejercicio indebido de funciones y delitos contra el patrimonio estatal; mantiene embargo de inmueble y retira pasaporte para evitar que salga del país.
Al establecer un presunto quebranto por 3 mil 683 millones 504 mil 678 pesos, el ex Tesorero estatal Rodolfo Gómez Acosta fue vinculado a proceso por los delitos de peculado, ejercicio indebido de funciones y delito contra el patrimonio del Estado.
El ex Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado de la pasada administración estatal acudió a la audiencia de formulación de imputación que se realizó en su contra en la Sala 1 del Palacio de Justicia a raíz de la «Operación Tornado», iniciada por el Gobierno Independiente.
Al señalar distintos incentivos a la empresa KIA Motors que se instaló en el Municipio de Pesquería, la Fiscalía argumentó que estos se encontraban fuera de la Ley de Fomento a la inversión.
Una de las probables anomalías referidas es la exención a la armadora de autos del 100 por ciento del Impuesto Sobre la Nómina por 20 años.
Sin embargo, la Ley establece que esto solamente se puede hacer por un máximo de 95 por ciento en un plazo no mayor de los cinco años.
La Fiscalía consideró como un quebranto al erario el gasto de más mil 85 millones de pesos para la compra de bienes inmuebles que serían donados a la empresa KIA Motors.
Gómez Acosta, en su calidad de Tesorero de la anterior administración estatal, formaba parte del Comité Técnico del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola, Fidecitrus, a través del cual fue desarrollado el proyecto de inversión a favor de la armadora.
También fue miembro del Consejo de Administración del Sistema de Caminos del Estado, que llevó a cabo obras en beneficio de la empresa automotriz.
Durante su intervención, la defensa del ex funcionario presentó un documento emitido de la página de transparencia del Gobierno de Nuevo León, donde argumenta que los terrenos mencionados aún forman parte del Estado por lo que descartaron que sea un incentivo.
La defensa aseguró que es una inversión para infraestructura laboral.
Finalmente, luego de nueve horas de audiencia, el Juez Pedro Cisneros otorgó la vinculación a proceso al considerar que existen datos que revelan características de algún posible delito.
Tras la vinculación se establecieron como medidas cautelares el mantener bajo embargo precautorio una propiedad del ex funcionario en el municipio de San Pedro, así como el retiro de su pasaporte para evitar que salga del país durante la investigación.
La siguiente audiencia fue programada para el próximo 26 de enero del 2017.
«Es parte de un proceso, no significa culpabilidad. Es el inicio de un juicio penal», expresó Ernesto Canales, Subprocurador Anticorrupción.
La vinculación a proceso del ex funcionario, consideró, es un evento inédito más en la historia de Nuevo León.
Y para los ciudadanos nuevoleoneses significa, señaló, que el actual Gobierno sostiene firme su política de combate a la corrupción.