Por Pedro García
Sabrá Dios quien le sugirió al presidente Peña Nieto la peregrina idea de usar el ahorro de los trabajadores reunido en las Afore para financiar el Seguro de Desempleo comprendido en las argumentaciones de la reforma Hacendaria.
Pero fue una pésima idea puesto que la CROC ha pronunciado su rechazo en automático a cualquier posibilidad de desacralizar el ahorro de los asalariados destinado a cobrar una pensión para el sustento durante la vejez.
El dirigente de la CROC, Agustín Serna Servín fue puntual al señalar, inclusive, que el entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto nunca manejó como oferta de campaña que iría a utilizar los fondos de las Afore para precisamente “fondear” un plan de seguro de Desempleo.
Es inaceptable la pretensión del gabinete hacendario y económico del gobierno de la República de atentar –esto lo dice este TRIBUNO- contra las reservas financieras de los trabajadores que desde ya padecen un trato de explotación de las empresas de las Afore con el cobro de comisiones espantosas que agravian el patrimonio de los afiliados, al dichoso esquema que nos heredó Ernesto Zedillo Ponce de León quien ahora cobra en la ONU como asesor en asuntos (qué ironía) del combate a la pobreza.
En fin, que una parte importante del sector obrero, como es la CROC, ha tomado una posición de clase para enviar el mensaje al gabinete hacendario que encabeza Luis Videgaray de que se abstenga de “tomar” los recursos de las Afore para financiar el citado seguro en amparo de los desocupados.
Este TRIBUNO considera que en lugar de atentar contra el ahorro para el retiro de los trabajadores, el señor Videgaray debe programar un plan de ahorros gubernamentales, es decir, un esquema de reducción agresiva del gasto corriente del aparato central para liberar recursos para el mencionado seguro.
La estructura del gobierno de la República es tan grande que nosotros creemos que hay amplias posibilidades de financiar el seguro del Desempleo con base en un ajuste, a la baja, del gasto corriente.
Lo anterior es factible toda vez que el aparato central nos cuesta demasiado a los contribuyentes en donde arriba de la pirámide social hay un sector de la alta burocracia que percibe salarios y prestaciones propios de una casta dorada, mientras que en la base hay una abrumadora mayoría de asalariados, subempleados, desocupados, padres de familia solteros, viudas, viudos, ancianos, que superviven con ingresos miserables.
Creemos que el presidente Enrique Peña Nieto debe poner en marcha esa “otra reforma estructural” que es bajar el gasto de su gobierno, ponerlo a las circunstancias de vida de la mayoría de los mexicanos que con el pago de impuestos, directos o indirectos, cubren los fabulosos salarios de la alta burocracia.
Nosotros aplaudiríamos si un día de estos, el jefe de la Nación decreta la reducción de los salarios de toda la estructura burocrática donde, además, acuerde con el resto de los poderes medidas similares reales, sin caer en la simulación o el eufemismo del ahorro como han hecho mandatarios recientes que se bajaron el sueldo 10 por ciento para compensarlo al año siguiente.